En poco más de seis meses, el número de predios productivos avasallados pasó de 9 a 16 propiedades. Los productores se encuentran preocupados ante el resurgimiento de grupos de toma tierras.

Los productores se encuentran preocupados porque nuevamente los casos de avasallamiento están resurgiendo en el departamento, reflejo de esta situación es que de 9 casos que se registraron el año pasado, a la fecha existen más de 16 propiedades privadas que se encuentran en manos de personas inescrupulosas. Adrián Castedo, presidente de la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (Asppa), manifestó su inquietud al indicar que nuevamente los grupos de traficantes de tierras están haciendo de las suyas en las zonas productivas del departamento.

José Luis Vaca presidente de Fegasacruz “Actualmente existen predios avasallados en el departamento de Santa Cruz y muchos de ellos están con orden judicial para proceder al desalojo. Pero lamentablemente las autoridades están demorando en su cumplimiento. Nosotros podemos dar un apoyo logístico a la policía y de esta manera apoyar a nuestros productores. Sector ganadero genera empleos, produce alimentos y merece la atención de Gobierno. También estamos preocupados por la demora de entrega de títulos de propiedad; porqué en algunos casos, después de 7 años de haberse concluido el proceso de saneamiento de tierras, los productores todavía no reciben su título”

“El año pasado teníamos registradas 9 propiedades avasalladas, pero durante este primer trimestre, tenemos que lamentar que existen nuevos casos de tomas ilegales y que actualmente se han contabilizado más de 16 propiedades tomadas”, dijo Castedo al momento de puntualizar que las zonas donde se concentran las tomas ilegales de tierras productivas privadas son; San José de Chiquitos, Guarayos, Paurito, Minero y El Torno. El titular de Asppa enfatizó que el resurgimiento de nuevos casos de avasallamiento se debería a que las autoridades olvidaron de la importancia que tiene la seguridad jurídica para el sector productivo, aduciendo que existiría excesiva burocracia e inoperancia de funcionarios del Ministerio Publico, Poder Judicial e INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) quienes estarían tardando demasiado para brindar una solución definitiva a los casos de avasallamiento.

“Tenemos muchas quejas de productores afectados que han recurrido a las fiscalías de los municipios de Pailón y Cotoca, llegando a asegurar que existe mucha lentitud para tomar las denuncias. Es en este sentido que muchos están pidiendo nuevamente convocar a la prensa, para que las autoridades llamadas a brindar seguridad jurídica, puedan reaccionar y tomar cartas en el asunto”, expresó Castedo al reiterar que afectados tienen que mendigar por justicia. En este marco, Luciano Higuiera, presidente de la comunidad Nueva Ventura, ubicada en el municipio de Guarayos, denunció que la fiscal de materia, Matilde Vaca, estaría retardando la justicia debido a que existen cinco comunidades avasalladas y no ha brindado una solución a los productores afectados.

“De un total de 60 mil hectáreas, 2 mil se encuentran avasalladas en las cinco comunidades, existiendo más de un centenar de familias afectadas y quienes esta campaña de verano no han sembrado”, añadió Higuiera al señalar que si el fiscal departamental no soluciona este problema, todos los comunarios saldrían a bloquear la carretera principal de esta zona.